A pesar de los compromisos asumidos en el acuerdo climático de París de 2015 para limitar el calentamiento global, los países han tenido dificultades para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones. Esto es particularmente cierto en el caso de los países en desarrollo, donde los desafíos económicos y políticos apremiantes tienden a eclipsar los objetivos climáticos de largo plazo.
Para implementar una política climática eficaz es necesario un cambio de mentalidad. El cambio climático es a la vez una externalidad negativa y un problema de desigualdad, lo que plantea la cuestión de quién debería asumir los costos de la acción climática dentro de los países y entre ellos.
Los responsables de las políticas deberían centrarse más en el complicado equilibrio entre eficiencia económica y equidad para garantizar que los países en desarrollo no soporten la carga de las emisiones históricas de dióxido de carbono del mundo rico y que se adopten medidas para salvaguardar a las generaciones futuras.
Por supuesto, el acuerdo de París fijó objetivos claros y se adhirió al principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, lo que significa que todos los países son responsables de abordar el cambio climático, pero no en igualdad de condiciones. Sin embargo, todavía existe una tendencia a centrarse en objetivos uniformes.
Pensemos en el esfuerzo mundial por alcanzar emisiones netas cero de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050, un objetivo complementario a largo plazo delineado en el acuerdo de París, y respecto del cual muchos países en desarrollo aún están muy lejos de alcanzar.
Para alcanzar este ambicioso objetivo, los países deben poder diseñar políticas climáticas basadas en sus capacidades y responsabilidades históricas, en lugar de adoptar una estrategia única para todos. Investigaciones recientes sugieren que esto requeriría metas de emisiones netas negativas para los países de altos ingresos, al tiempo que se permitiría a los países de bajos ingresos generar emisiones netas positivas.
Por supuesto, esta diferenciación no es un pase libre: los países en desarrollo tendrían que seguir reduciendo sus emisiones de GEI, pero este enfoque, que encarna el espíritu de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, refleja mejor sus condiciones económicas y necesidades de desarrollo.
Además, la asistencia financiera de los países desarrollados a los países en desarrollo para apoyar la acción climática ha sido ineficaz, debido principalmente a problemas de transparencia y rendición de cuentas. En este contexto, el mismo estudio concluye que el secuestro y captura de carbono, ya sea mediante innovaciones tecnológicas o soluciones naturales, podría ser una alternativa políticamente viable a las transferencias monetarias directas. Permitir que cada país controle sus propios esfuerzos para absorber carbono podría acercar al mundo a las emisiones netas cero, respetando al mismo tiempo las distintas circunstancias nacionales.
Las emisiones en América Latina, por ejemplo, se dividen casi por igual entre energía, agricultura y ganadería y uso de la tierra, mientras que en Estados Unidos y Europa están relacionadas en gran medida con la energía.
Por lo tanto, la promoción de prácticas agrícolas y ganaderas sostenibles (en lugar de centrarse únicamente en la descarbonización del sistema energético) podría ayudar a reducir las emisiones en la región, ya que los pastizales y el suelo bien gestionados pueden aumentar la captura de carbono. Este enfoque también alinearía los incentivos privados con los retornos sociales al revalorizar la tierra y permitir que los agricultores sigan siendo competitivos a nivel internacional.
El caso de Argentina ilustra cómo la mejora de la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería podría desempeñar un papel fundamental en la transición hacia una economía global verde. Una serie de crisis económicas, sumadas a una creciente volatilidad política, han llevado al gobierno argentino a centrarse más en los problemas inmediatos que en la política climática.
Pero dada la posición del país como productor líder de alimentos, la revitalización de estas industrias podría ayudarlo a mejorar la mitigación y adaptación al cambio climático –y contribuir significativamente a los objetivos internacionales–, reconociendo al mismo tiempo sus condiciones económicas y sus necesidades de desarrollo.
Este año, Argentina comenzó a certificar la producción de carne de vacuno carbono neutral, un programa que podría reducir las emisiones si se implementa correctamente. El país ya ha comenzado a adoptar prácticas sostenibles como la ganadería regenerativa, que aumenta la captura de carbono, la productividad y la rentabilidad al restaurar la fertilidad natural del suelo.
Además, Argentina se encuentra entre los países con mayores tasas de siembra directa. Esta práctica, que también ayuda a almacenar carbono, se utilizó en más del 90 por ciento de sus tierras agrícolas en 2019-20.
Abordar la desigualdad interna es igualmente crucial para diseñar políticas climáticas eficaces en Argentina y otros países en desarrollo. Las investigaciones en curso demuestran que los enfoques convencionales, incluidos los impuestos uniformes al carbono, no tienen en cuenta las disparidades socioeconómicas matizadas. La implementación de impuestos progresivos basados en los niveles de ingresos o los patrones de consumo, como impuestos más altos para los viajeros frecuentes, puede arrojar mejores resultados. De todos modos, este problema exige soluciones políticas innovadoras que reflejen la complejidad de la gobernanza climática global.
Enmarcar el cambio climático como un problema de desigualdad no exige comprometer los objetivos globales; más bien, subraya la importancia de establecer metas diferenciadas. Muchos países en desarrollo aún están muy lejos de un sistema energético totalmente descarbonizado. Al tiempo que toman medidas para lograr ese objetivo, se los debe alentar a implementar políticas climáticas que aprovechen las innovaciones y las estrategias alternativas para reducir las emisiones.
Elisa Belfiori es profesora y directora de estudios de pregrado de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. Yanel Llohis, consultora del Proyecto de Capital Humano del Banco Mundial, es asistente de investigación de la Universidad Torcuato Di Tella.
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