Filipinas, que durante mucho tiempo fue uno de los mayores productores de contaminación plástica de los océanos, ahora está actuando rápida y audazmente para abordar esta crisis. En los últimos dos años, Filipinas ha promulgado una de las leyes más ambiciosas del mundo sobre Responsabilidad Ampliada del Productor (REP).
Las normas EPR, que responsabilizan a los fabricantes de los residuos resultantes de sus productos y embalajes para permitir una economía circular, son un tema clave en las negociaciones del Tratado Global de las Naciones Unidas sobre la Contaminación Plástica.
Ya existen regímenes EPR bien establecidos en varios mercados desarrollados, incluidos Europa, Japón, Corea del Sur y Taiwán, que generalmente implican la recolección, clasificación y procesamiento de desechos plásticos financiados por el gobierno.
La Ley de Responsabilidad Ampliada del Productor de Filipinas exige que las empresas con al menos cien millones de pesos (P100.000.000, o 1,7 millones de dólares estadounidenses) en activos asuman la responsabilidad de un porcentaje cada vez mayor de su huella de plástico, medida en peso, del 20 por ciento en 2023 al 80 por ciento en 2028 y en adelante.
Filipinas ha adoptado un enfoque pragmático y ha elaborado una ley accesible que hace que estos objetivos sean alcanzables. Hay seis medidas ascendentes que pueden reducir su huella, como el uso de contenido reciclado, envases reutilizables o recargas, y seis medidas descendentes para recuperar su huella, y la acreditación de plástico es una de ellas.
El enfoque de Filipinas muestra que un mecanismo basado en el mercado como los créditos, que facilita la limpieza de desechos plásticos y alienta al sector privado a invertir en infraestructura para desechos, puede desempeñar un papel fundamental en el apoyo a las leyes EPR, particularmente en los mercados emergentes que carecen de recolección y sistemas de reciclaje.
Aún es temprano, pero el enfoque del país hacia la EPR está mostrando resultados prometedores: ya publicó sus Normas y Reglamentos de Implementación (TIR), completó el primer año de cumplimiento (2023), registró 947 empresas bajo el esquema EPR y permitió la recuperación. y desvío de 163.000 TM de residuos de envases de plástico posconsumo.
Si bien no todas las empresas obligadas cumplieron durante el primer año, se están realizando esfuerzos continuos de educación destinados a aumentar la conciencia y los niveles de cumplimiento. La mayoría de los mayores productores de envases de plástico han cumplido y muchos superaron el objetivo mínimo de recuperación del 20 por ciento para 2023, lo que indica un fuerte apoyo entre las empresas obligadas más grandes del país.
Todavía quedan hitos importantes por desbloquear, como abordar décadas de contaminación plástica heredada; políticas habilitantes para crear oferta y demanda de materiales reciclados y reducir y eliminar envases de plástico innecesarios; más mecanismos y orientaciones para lograr la inclusión social y la transición justa; y estándares nacionales para establecer transparencia, credibilidad y rendición de cuentas.
Pero el camino está claro. La promulgación e implementación de la EPR ha permitido al país ver resultados inmediatos, iniciar debates constructivos, darse cuenta y comprender las brechas y obtener el apoyo de las partes interesadas a través de un enfoque inclusivo y sistemático. La contaminación plástica ha afectado gravemente al pueblo filipino, que no podía permitirse el lujo de esperar a la solución perfecta. Por eso el país ha optado por actuar ahora y mejorar en el camino.
Este estudio de caso ofrece ideas y análisis para que otros países en desarrollo en una situación similar aborden el problema con audacia y urgencia, y para que los negociadores del tratado de plásticos de la ONU consideren enfoques innovadores y voces del Sur Global.
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